Déficit vial: Terminar antes de cobrar

En vez de discutir si dar o no el ‘vamos’ a la tarificación vial, gonorrhea el análisis debería centrarse en cómo mejorar la infraestructura de las calles y avenidas de Santiago. Antes de seguir prohibiendo todo, terminemos lo que alguna vez se planificó para la ciudad. (escrito para Portalinmobiliario.com, 22-04-2008)

hs_t.gifDesde hace bastante tiempo se viene manifestando la preocupación por la crisis que se está comenzando a producir en la ciudad de Santiago, debido al aumento del parque de vehículos motorizados y el déficit de vialidad.

En distintos medios de comunicación, muchos han formulado sus inquietudes y han aventurado algunas propuestas, las que se refieren a poner precio para circular en ciertas calles. Pero mientras se discuten las distintas medidas a implementar por la congestión vehicular en Santiago, creo que hay una acción que se podría ejecutar ya.

¿Cuál? Concluir con todas las expropiaciones de las propiedades afectas por años, para así implementar una adecuada vialidad metropolitana. Es decir, antes de seguir prohibiendo todo, terminemos lo que alguna vez se planificó para la ciudad. Con ello se lograrían varios beneficios, tales como:

- Mejorar la oferta de vías en la ciudad.

- Generar trabajo.

- Plusvalía en los predios por mejor accesibilidad.

- Renovación urbana.

Hoy el país, a decir de los entendidos, cuenta con una situación privilegiada en cuanto a fondos y financiamiento para obras, entre otros. En ese sentido, es el momento ideal para ponernos al día frente a estas materias.

Un detalle

Hay que ponerse al día rápido. No debemos olvidar la modificación a la Ley General de Urbanismo del artículo Nº 59 (*), que establece plazos para cumplir con las afectaciones, y que si no se cumplen se derogará lo prescrito. Es decir, si no expropió en el plazo establecido, no se podrá hacer en el futuro, congelando el ensanche propuesto de calles o avenidas.

Dicha normativa, a mi juicio equivocada, permitiría cortar la continuidad de calles y avenidas, con nuevas edificaciones en aquellos tramos de vías que no alcanzaron a expropiarse y ejecutarse.

Imagínese una avenida en donde se ha hecho un 70% de su trazado, y que por razones de financiamiento se atrasa en su expropiación y no alcanzan a cumplirse los plazos previstos por dicha ley. Los propietarios de los predios faltantes quedarían sin afectación a expropiación, y por lo tanto, con autorización para edificar en lotes que estuvieron reservados para el término de esa avenida, interceptando la continuidad de la misma.

¿Por qué pasa esto? La razón básica es que muchos planes reguladores intercomunales, metropolitanos o comunales, planifican el desarrollo de sus áreas urbanas estableciendo el criterio de trazado y ancho de la vialidad urbana pero, muchos de ellos, no cuentan con el financiamiento para llevar a cabo dicha tarea, al carecer de fondos para expropiar.

Luego se dan autorizaciones para edificios de alta densidad poblacional que cuentan con vehículos que circularán por esas calles o avenidas que ‘tendrán el ancho propuesto’ por el plan regulador. Pero en la realidad, nunca se ha hecho nada en dichas arterias por falta de financiamiento. El resultado: Se genera el embotellamiento que ahora se quiere eliminar con tarificación vial.

El panorama es bastante oscuro. Hay que tomar en cuenta que desde la publicación del artículo legal antes mencionado, ya han pasado más de cuatro años y el plazo corre. Sólo en la comuna de Santiago centro, avenidas como Santa Isabel o calles como 10 de Julio Huamachuco o Copiapó, llevan años esperando su perfil (ancho) definitivo propuesto por el plan regulador respectivo.

Por ejemplo, la avenida Santa Isabel se planificó como una vía paralela a la avenida Bernardo O´Higgins, que va desde la Carretera Norte Sur (Jorge Alessandri Rodríguez) hacia el oriente cruzando las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, llegando a los pies de la cordillera. Queda por hacer. Recordemos que la circunvalación Américo Vespucio se demoró cerca de 35 años en terminarse. Con esta Ley no se habría podido terminar.

En definitiva, si bien lo propuesto por el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se puede clasificar como un retroceso para el desarrollo urbano de nuestra ciudades, la situación financiera actual y la presión por el déficit de vialidad pueden a lo menos disminuir este retroceso legal.

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